Cuatro años y medio de prisión para un enfermero rosarino que vendía fentanilo y otras drogas hospitalarias por redes sociales

A las 9 de la mañana de este viernes, en los tribunales federales de Rosario, quedó firme la condena a cuatro años y seis meses de prisión efectiva contra Luis Benavídez, enfermero del Policlínico PAMI II, por la venta de fentanilo y otros medicamentos de uso hospitalario que sustraía de su lugar de trabajo. El juez federal de garantías Carlos Vera Barros homologó un acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, en una audiencia realizada el 4 de septiembre.

La pena incluye, además, la inhabilitación por el mismo período para ejercer la enfermería y para ocupar cargos públicos, según consta en la resolución judicial a la que tuvo acceso este medio.

Cuatro delitos en una misma condena

• Comercio de estupefacientes, por la venta de fentanilo.
• Comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, a partir del bromuro de vecuronio.
• Hurto, por la sustracción de los medicamentos del nosocomio donde se desempeñaba.
• Tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, a raíz de una pistola secuestrada durante uno de los allanamientos.

Benavídez se desempeñaba como enfermero en el Policlínico PAMI II desde 2014, según la acusación. La pesquisa acreditó que aprovechaba ese acceso para retirar fentanilo y otras sustancias de uso clínico y luego ofrecerlas por redes sociales, coordinando entregas con los compradores para consumo recreativo.

La investigación se originó a partir de la denuncia del padre de un hombre de 37 años hallado muerto en su departamento el 9 de agosto de 2023. El familiar aportó el teléfono de la víctima y documentación ante la Unidad Fiscal Rosario y señaló que su hijo consumía fentanilo y otras sustancias que le compraba a un enfermero, según fuentes policiales. Esos mensajes y conversaciones de audio fueron clave para reconstruir la mecánica de las ventas.

La causa inicial por la muerte había sido archivada en la Justicia provincial. La autopsia no logró determinar la causa del fallecimiento y el laboratorio forense no contaba con las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio. Aunque no se descartó un origen toxicológico, según la fiscalía, ese resultado impidió atribuir el deceso a una sustancia específica. La investigación derivó entonces en una pesquisa federal por la comercialización de los medicamentos.

En la audiencia de homologación, Benavídez reconoció los hechos, su intervención en ellos, la prueba reunida por la acusación, la calificación legal y la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal, según la fiscalía. El acuerdo de juicio abreviado fue convalidado por el juez Vera Barros.

El caso queda ahora a la espera de que se cumpla el trámite de notificación a la defensa y al condenado y se resuelva su situación procesal, paso previo al eventual alojamiento en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de una investigación que se sostuvo sobre el tráfico de sustancias de uso hospitalario hacia circuitos de consumo fuera del sistema de salud.