La deuda que más golpea: casi cuatro de cada diez mujeres menores de 25 años no puede cumplir con sus pagos

El segmento de mujeres de hasta 25 años se convirtió en el grupo con mayor incumplimiento de pagos dentro del sistema financiero argentino. Según el Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad con datos cerrados a julio de 2025, la tasa de morosidad de ese colectivo alcanzó el 38,25% a nivel nacional, más del doble del promedio general del sistema, que se ubica en 17,94%. El fenómeno atraviesa todo el país pero con marcadas diferencias regionales, y vuelve a poner en discusión la capacidad de los hogares más jóvenes para sostener compromisos de crédito en un contexto de ingresos golpeados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

El universo bajo análisis comprende 784.172 mujeres de esa franja etaria con deudas activas en bancos, tarjetas y entidades no bancarias. De ese total, 311.087 registran atrasos en sus pagos, lo que confirma que la dificultad para cumplir con las obligaciones se concentra de manera significativa en los créditos de menor monto. La deuda promedio del grupo completo es de 1.020.000 pesos, mientras que entre quienes están en mora ese número baja a 987.660 pesos. El dato es elocuente: las deudas más chicas son también las más difíciles de sostener, lo que refuerza la hipótesis de que el problema responde más a la falta de margen de ingresos que al tamaño del compromiso asumido.

Panorama provincial y disparidades

Los hombres del mismo rango de edad presentan un cuadro similar pero levemente más moderado: su tasa de morosidad nacional llega al 37,1%. En las franjas etarias superiores los indicadores descienden de manera considerable, lo que ubica a los más jóvenes como el colectivo más vulnerable del sistema de crédito. La fotografía provincial muestra a San Luis al frente del ranking, con una morosidad del 46,35%, seguida por Chaco (43,73%) y Catamarca (42,83%). También superan la media nacional San Juan (42,29%), La Rioja y Corrientes (41,94% cada una), Santa Cruz (41,67%), la provincia de Buenos Aires (40,47%) y Chubut (39,95%). En el extremo opuesto, Neuquén registra la tasa más baja del país, con 30,03%, y La Pampa la sigue con 31,65%, dos distritos ligados a economías regionales relativamente más ordenadas.

• San Luis: 46,35%
• Chaco: 43,73%
• Catamarca: 42,83%
• San Juan: 42,29%
• La Rioja y Corrientes: 41,94%
• Santa Cruz: 41,67%
• Provincia de Buenos Aires: 40,47%
• Chubut: 39,95%
• Neuquén: 30,03% (la más baja)
• La Pampa: 31,65%

Los municipios más críticos de Buenos Aires

Dentro de la provincia de Buenos Aires, el informe identifica varios partidos con cifras extremas, en muchos casos por el peso de poblacionales acotados, donde pocos casos bastan para distorsionar el promedio. Pila lidera el ranking con 65,18% de morosidad entre las mujeres jóvenes endeudadas, seguida por General Lavalle (63,53%) y Castelli (62,06%). Lo llamativo no es solo la proporción de incumplimientos sino el monto de las deudas involucradas: en Pila, la deuda promedio del segmento trepa a 1.750.000 pesos, casi el doble del promedio nacional del grupo, y en Castelli la deuda en mora promedio alcanza los 3.380.000 pesos, un nivel que refleja compromisos financieros de un volumen inusual para el rango etario analizado.

Peso relativo en el sistema y perspectiva

En términos agregados, la deuda en mora de las 311.087 mujeres de ese grupo suma 307.248 millones de pesos, un monto que representa apenas el 1,78% de la mora total del sistema financiero, que en julio pasado alcanzó los 17,23 billones de pesos. La cifra es clave para dimensionar el fenómeno: se trata de un segmento con alta incidencia relativa entre sus pares pero con un peso acotado sobre el conjunto del sistema, lo que explica por qué el problema no aparece en los grandes agregados macroeconómicos pero sí golpea con fuerza a las familias involucradas. Para los analistas consultados, la dinámica confirma que la morosidad joven dejó de ser un rasgo coyuntural y se instaló como un síntoma estructural del sobreendeudamiento de los hogares con menores ingresos, un cuadro que exige repensar las políticas de crédito al consumo y los mecanismos de refinanciación en un escenario donde la economía familiar sigue dependiendo casi exclusivamente del ingreso laboral formal.