Lavado y narcotráfico: la ruta del dinero que une al Puerto de Rosario con la corrupción catalana
Cinco fiscales federales pidieron las capturas de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario, incluida la de Gustavo Shanahan, ya condenado por narcotráfico. La acusación describe una maniobra de casi 16 años para blanquear fondos del tráfico de cocaína y de la familia Pujol.

A las 10 de la mañana de este jueves, en la ciudad de Rosario, cinco fiscales federales solicitaron una serie de detenciones en una causa que investiga a exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) por lavado de activos proveniente del narcotráfico y de la corrupción política en Cataluña, según fuentes policiales y judiciales consultadas por este medio.
El expediente, que instruye la Justicia Nacional en lo Penal Económico y tiene derivaciones en la Justicia Federal de Rosario, apunta a una concesionaria portuaria de uso público que habría funcionado como pantalla durante casi 16 años para integrar al circuito legal dinero de dos orígenes distintos: las ganancias del tráfico de cocaína a través de una cueva financiera del microcentro y las comisiones cobradas en España por la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas.
El eje de la acusación
El principal apuntado es Gustavo Pedro Shanahan, contador público de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano, causa en la que ya quedó firme la sentencia, según la fiscalía.
De acuerdo con la investigación, Shanahan operaba desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad. Desde allí, proveyó dólares para la compra de cocaína. En un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local, según fuentes policiales, se secuestraron más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.
La conexión con Cataluña
La causa suma un segundo tramo: entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Catalunya. La transferencia fue de 1.850.000 euros a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria portuaria.
La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró que el patrimonio de la familia Pujol tuvo origen en comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas. Esa resolución es la base sobre la que los fiscales federales argentinos sostienen el carácter ilícito del dinero que entró al puerto.
El mecanismo en tres pasos
- Primer paso: el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria, a través de sociedades locales y offshore.
- Segundo paso: entre 2010 y 2012, el paquete accionario de TPR se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, con lo que el activo se transformó: lo que había entrado como 'inversión' salía al circuito legal como 'precio de venta'.
- Tercer paso: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.
Para el tramo final de la operatoria, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de movilizar el dinero por el sistema financiero y darle apariencia lícita, según el escrito fiscal al que accedió Policiales y Judiciales.
El embargo solicitado por los cinco fiscales federales alcanza aproximadamente a 100 millones de dólares, monto que contempla los activos de los exdirectivos, sus bienes registrables y cuentas en el sistema financiero, según fuentes judiciales. La medida busca asegurar el decomiso de los bienes una vez que avance la investigación.
Según la fiscalía, las próximas medidas de prueba incluyen pericias contables sobre los movimientos societarios de TPR entre 2004 y 2020, el cruce de información con la Agencia Tributaria española y nuevas declaraciones indagatorias. La causa se encuentra en etapa de instrucción y los pedidos de detención quedaron radicados en el juzgado federal que entiende en la pesquisa.
Comentarios
0Todavía no hay comentarios. Sé el primero.
Seguí leyendo

¿Quién cuida a nuestros jubilados? San Isidro se levanta ante una inseguridad que ya no respeta la edad


De ciudad segura a tierra de nadie: San Isidro ya no es lugar para criar en paz
