Mendoza abre un canal gratuito para que familias renegocien deudas de consumo antes de caer en default

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un procedimiento administrativo gratuito para que los consumidores finales puedan sentarse a renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras líneas de financiamiento al consumo. La herramienta funciona como una instancia previa al litigio y apunta a ordenar la situación de hogares que ven comprometidos sus ingresos por el peso de los compromisos financieros, según se desprende de la normativa difundida por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia.

Quiénes pueden pedir la conciliación

Para acceder al mecanismo, la persona solicitante debe tener domicilio real en la provincia de Mendoza y ser considerada consumidora final, en los términos de la ley de defensa del consumidor. La Provincia exige además que atraviese una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar, entendida como aquella en la que los compromisos financieros absorbían más del 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven bajo el mismo techo.

En los casos de especial vulnerabilidad social, la referencia baja al 25% de los ingresos. El régimen contempla dentro de esta categoría a los hogares con menores a cargo, las personas con discapacidad, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, los desocupados, los beneficiarios de programas sociales y los trabajadores informales. En paralelo, se fijó un tope de capital adeudado: la deuda total no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la intervención.

Qué deudas entran y cuáles quedan afuera

• Entran en la conciliación: préstamos personales, financiamiento de compras en cuotas, tarjetas de crédito y líneas otorgadas por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
• Quedan excluidas las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales.
• También quedan fuera las deudas de origen empresarial o comercial que no estén vinculadas al consumo familiar.

Cómo es el trámite en la práctica

El procedimiento se canaliza a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), dependiente de Defensa del Consumidor. El primer paso corre por cuenta del solicitante, que debe presentar un detalle de sus acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de sus activos y pasivos. Con esa información, el organismo citará a los acreedores, que disponen de hasta 10 días hábiles para responder sobre las condiciones de cada operación y acercar su propuesta. La Provincia puede sugerir refinanciaciones, períodos de gracia, quita de intereses punitorios y de cargos por mora, o nuevos esquemas de cuotas, pero no está en condiciones de imponer esas condiciones de manera unilateral. Cualquier modificación de los términos originales requiere el acuerdo explícito del acreedor.

En la práctica, el procedimiento funciona como una mesa de negociación formalizada, con plazos y trazabilidad, en la que el consumidor puede ordenar su endeudamiento sin recurrir a un juicio. El resultado depende de la voluntad de las entidades financieras y comerciales de aceptar los nuevos términos, y del cumplimiento posterior del plan por parte del deudor. Para los hogares mendocinos que ven cómo los servicios de deuda ganan espacio en el presupuesto, el canal aparece como una vía previa al default, pensada para que el arreglo, si lo hay, llegue antes de que la mora se vuelva judicial.