Rige en Argentina la baja de imputabilidad a 14 años: penas de hasta 15 años y encierro efectivo máximo de diez

A partir de este sábado, los adolescentes de 14 años pueden ser sometidos a proceso penal en Argentina. La ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, completó los 180 días previstos desde su publicación en el Boletín Oficial y comenzó a regir en todo el país.

La norma establece un régimen de sanciones graduadas según la gravedad del hecho. La pena máxima prevista para los menores es de 15 años de privación de libertad, aunque los dos tercios de la condena pueden cumplirse bajo libertad condicional, lo que fija el encierro efectivo en un tope de diez años, según fuentes judiciales consultadas.

Las tres modalidades de encierro para los casos más graves

• Arresto domiciliario.
• Internación en un instituto de régimen abierto.
• Alojamiento en un centro especializado de detención.

La privación de libertad queda reservada para los delitos más severos, entre ellos los homicidios. Para el resto de las figuras, la ley habilita sanciones alternativas. En robos agravados con armas de fuego, por ejemplo, los jueces pueden reemplazar la prisión por tobilleras electrónicas, prohibición de asistencia a determinados lugares o, en situaciones extremas, separación del menor de su entorno familiar si se acredita que ese entorno fomenta la actividad delictiva.

Requisitos para aplicar una pena alternativa al encierro

• Dictamen pericial favorable.
• Conformidad del Ministerio Público Fiscal.
• Audiencia previa a la víctima.
• Inexistencia de condenas previas ni procesos con auto de procesamiento firme.

Durante el período de transición entre la sanción y la entrada en vigencia, al menos seis menores acusados de homicidio quedaron fuera del alcance del nuevo régimen por razones de edad al momento de los hechos. Entre los casos que no alcanzará la ley figura el asesinato del cabo Cristian Gerez, de 36 años, ocurrido el 20 de julio en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires. Los dos imputados, de 14 y 15 años, permanecen bajo custodia judicial pero no enfrentarán proceso penal ni condena, según la fiscalía.

Bajo el esquema anterior, un menor considerado inimputable podía permanecer internado en un instituto hasta cumplir los 18 años, sin registro de antecedentes. La ley 27.801 modifica ese escenario al fijar reglas claras de imputación y graduar las sanciones en función de la gravedad del delito y de la situación particular de cada adolescente.

El paso siguiente en la agenda oficial es la puesta en funcionamiento de los centros especializados de detención y la designación de los equipos técnicos que intervendrán en los dictámenes periciales exigidos por la norma, según fuentes del Ministerio de Justicia.