Córdoba: la espera como obstáculo cotidiano para personas con discapacidad y sus familias

A Laura la conocí mientras revisaba el informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba. Es una de esas madres que uno imagina cuando se habla de discapacidad: sostiene turnos, llama por teléfono, carga planillas, pelea con obras sociales y, sobre todo, espera. Me dijo algo que se repite, palabra más palabra menos, en buena parte de los testimonios que reúne el documento: "Conseguir lo que mi hijo necesita es una carrera de obstáculos que nunca termina". Esa sensación de carrera de obstáculos es, precisamente, lo que el organismo decidió poner por escrito.

El trabajo, presentado el 5 de octubre de 2026, se elaboró con entrevistas y grupos focales, por lo que sus testimonios describen experiencias y no constituyen una medición estadística de todos los casos. Reúne relatos de personas con discapacidad y de sus familias, y los organiza en torno a un dato que atraviesa toda la investigación: en la provincia, acceder a una certificación, a una terapia o a una prótesis puede demandar meses, y en algunos casos más de un año. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, fue el responsable de exponer las principales conclusiones.

Tramitar el CUD, el primer cuello de botella

Para quienes necesitan tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el informe señala que la Ciudad de Córdoba dispone de juntas evaluadoras en siete hospitales. Dos de esos establecimientos son pediátricos y las citas se otorgan con esperas de dos a tres meses. A eso se suman dificultades para conseguir consultas con especialistas, un paso necesario para llegar a la evaluación. El cuadro se completa con demoras de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y esperas de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación, según lo expuesto por Galoppo.

Esos plazos corresponden a lo expuesto en el informe y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, pero sirven para dimensionar el problema: para una familia, varios meses de espera pueden traducirse en la interrupción de un tratamiento, en la pérdida de un período clave de rehabilitación o en la decisión de pagar de bolsillo lo que el sistema no entrega a tiempo.

El costo de esperar: terapias, transporte y sobrecarga de cuidados

Mientras esperan respuestas, algunas familias pagan por su cuenta terapias, transporte y apoyos escolares. Una madre entrevistada en el informe relató desembolsos de entre $150.000 y $180.000 solo en sesiones, después de haber sostenido atención particular durante alrededor de dos años. El documento también registra una mayor carga de cuidados sobre las mujeres, con testimonios de madres que redujeron su jornada laboral y sus ingresos para sostener los tratamientos de sus hijos.

• Esperas de dos a tres meses para citas en juntas evaluadoras pediátricas del CUD en la ciudad de Córdoba.
• Demoras de cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos.
• Esperas de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación.
• Gastos de bolsillo de entre $150.000 y $180.000 mensuales en sesiones, según un testimonio relevado.
• Mayor carga de cuidados sobre las mujeres, con reducción de jornada laboral e ingresos.
• Atrasos de varios meses y hasta un año en pagos de obras sociales y programas estatales.
• Aumento del 225% en los aranceles del nomenclador nacional entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, frente a una inflación acumulada del 336%.
• Suba del 559% en la nafta súper contra un 231% en el valor reconocido por kilómetro para transporte.

Las dificultades también alcanzan a quienes brindan las prestaciones. El estudio recoge atrasos de varios meses y hasta un año en pagos de obras sociales y programas estatales, y advierte que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional aumentaron un promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336%. El transporte presenta otra diferencia: en ese mismo período, la nafta súper subió un 559% y el valor reconocido por kilómetro, un 231%. El informe vincula estas condiciones con dificultades para sostener los servicios y describe instituciones que redujeron gastos de funcionamiento, un dato que preocupa especialmente porque golpea de lleno la continuidad de los tratamientos.

A donde acudir: la Defensoría del Pueblo de Córdoba atiende consultas y reclamos en su sede central de Pasaje Santa Catalina 49, en la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 14. También recibe denuncias a través de la línea 0800-444-1000 y del sitio web oficial. Las juntas evaluadoras del CUD funcionan en los hospitales públicos de la ciudad, y los turnos se solicitan en cada establecimiento, aunque la espera puede ser prolongada. Para acceder a la versión completa del informe, la Defensoría puso el material a disposición en su página oficial.

Por Teresa Leiva, Sociedad y Salud.