Un proyecto en el Congreso alcanzaría con Ganancias a los CEDEARs comprados desde noviembre de 2026

Un proyecto de ley en tratamiento parlamentario propone aplicar el impuesto a las Ganancias a las operaciones con CEDEARs, los certificados que replican activos extranjeros y que hoy gozan de una exención. La alícuota prevista es del 15% y alcanzaría a los certificados adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026.

Los CEDEARs se compran y venden en el mercado local, pero representan inversiones en acciones, bonos u otros activos que cotizan en el exterior. Su precio varía según la cotización del activo subyacente en el mercado de origen y según el valor del dólar financiero, una combinación que los volvió atractivos para ahorristas que buscan dolarizarse sin salir del sistema argentino.

Qué cambia con la propuesta

Hasta ahora, estos certificados quedan amparados por la misma exención de Ganancias que rige para los valores negociables argentinos. El proyecto modifica esa lógica mediante el criterio conocido como transparencia fiscal o look-through: si el activo que está detrás del certificado hubiera tributado en una compra directa, el CEDEAR que lo representa quedaría alcanzado por el mismo tratamiento.

Según explicó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios, la alícuota aplicable sería del 15%. El cambio no tendría efecto retroactivo: solo comprendería a los CEDEARs adquiridos desde la fecha de corte que fija el texto, el 31 de octubre de 2026.

La diferencia de trato que se busca corregir

• Hoy, quien compra directamente una acción extranjera paga Ganancias por la operación.
• Quien accede al mismo activo a través de un CEDEAR puede quedar exento.
• Con la nueva regla, ambas vías tendrían el mismo costo impositivo.

Para el inversor minorista, el efecto final dependerá del rendimiento obtenido y del momento en que se hicieron las posiciones. Según el diseño vigente de la propuesta, las carteras armadas antes del 31 de octubre de 2026 no cambiarían de situación.

El proyecto todavía debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley. Mientras tanto, el régimen de exención sigue en vigencia sin modificaciones.