El régimen que permite combinar cosecha y planes sociales seguirá vigente hasta 2027
Un decreto publicado esta semana extiende por doce meses el mecanismo que desde 2021 permite a los trabajadores rurales temporarios mantener asignaciones familiares y otros beneficios mientras dura la campaña. Alcanza a unas 50.000 personas y a unos 83.000 hijos de aportantes.

Para miles de familias rurales, el inicio de cada temporada de cosecha plantea una decisión difícil: aceptar un empleo registrado y arriesgar la pérdida de los planes sociales que sostienen el hogar durante el resto del año, o rechazar la oferta formal para preservar esa red de contención. Un régimen vigente desde 2021 resuelve esa disyuntiva al permitir que ambas cosas coexistan, y acaba de ser extendido hasta el primero de septiembre de 2027 mediante el Decreto 1204/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial.
La norma alcanza a quienes se desempeñan bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a quienes realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales. También comprende a los trabajadores incluidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial, una herramienta clave en economías regionales como la vitivinícola, la tabacalera y la azucarera.
Qué beneficios se conservan durante la cosecha
- Asignaciones familiares por hijo, con un piso equivalente al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo.
- Tarjeta Alimentar, que se mantiene sin alterar su operatoria.
- Programa Volver al Trabajo, según las condiciones de cada caso.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, administra el cruce de información entre los registros laborales y los padrones sociales, de modo que la transición entre el plan y el empleo registrado opere de manera automática y sin interrupciones para el hogar.
Una salvaguarda para los meses largos y un incentivo para los empleadores
Cuando la contratación se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos componentes monetarios de los programas sociales, con excepción de la Tarjeta Alimentar, pasan a computarse como parte del salario. Esa cláusula apunta a consolidar la transición hacia el empleo formal pleno, sin generar un salto brusco en los ingresos del trabajador ni un retroceso en su protección social.
En paralelo, el esquema contempla una reducción de las contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, un incentivo orientado a promover la registración laboral en el sector agropecuario y a morigerar los costos de la estacionalidad.
Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el gremio que conduce José Voytenco, se había reclamado antes de la renovación la prórroga del régimen, al advertir que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país ante la incertidumbre sobre su continuidad. La organización sostuvo que la experiencia de los últimos años demostró que el mecanismo resulta fundamental para sostener la formalización y, al mismo tiempo, garantizar los ingresos de los hogares durante los períodos en los que no hay cosecha.
Lo que decide el productor esta semana
En las principales zonas agrícolas del país, la medida llega en un momento sensible del calendario productivo, con las labores de cosecha gruesa en marcha y la próxima campaña fina a la vista. Para los productores, la confirmación de la prórroga despeja una variable que incidía directamente en la disponibilidad de mano de obra estacional y permite planificar las contrataciones con un horizonte de doce meses. Para los trabajadores temporarios y sus familias, la continuidad del régimen significa, en los hechos, la posibilidad de aceptar un empleo registrado sin resignar la red de contención que los acompaña durante el resto del año.
La decisión que el productor agrícola enfrenta esta semana, en definitiva, es menos riesgosa que hace un mes: puede tomar personal para la campaña con la certeza de que la operatoria social seguirá intacta hasta septiembre de 2027, y que el Estado convalida un esquema donde el trabajo registrado y la protección social dejaron de competir entre sí.
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