Pandanés busca un salvataje judicial tras cerrar sus 25 panaderías y desvincular a 150 trabajadores

En las últimas semanas se completó un escenario que la cadena de panaderías Pandanés intentó evitar durante meses: las 25 sucursales que la firma llegó a operar en el área metropolitana de Buenos Aires bajaron sus persianas y los 150 empleados que dependían de ellas fueron desvinculados, en muchos casos mediante mensajes de WhatsApp, sin que hasta el momento se hayan entregado los telegramas de despido formales ni se haya permitido el retiro de las pertenencias que quedaron dentro de los locales.

La situación quedó formalizada en el expediente que la propia empresa presentó ante el Juzgado Comercial N.º 15, donde solicitó la declaración de quiebra. En ese escrito, la compañía reconoció que atraviesa una cesación de pagos desde octubre de 2025, atribuida a una combinación de factores que se fueron acumulando hasta tornar insostenible la operación.

Caída del consumo, suba de costos y una planta sobredimensionada

Según consta en la presentación judicial, la facturación de Pandanés retrocedió más del 50% respecto de los niveles históricos, una contracción que la firma vinculó de manera directa con la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores en el mercado interno. A ese cuadro se sumó un incremento sostenido de los principales rubros de gasto, entre ellos alquileres, energía y salarios actualizados por las paritarias del sector.

La empresa añadió que la planta industrial que había inaugurado en noviembre de 2022, con una superficie de 1.778 metros cuadrados, fue concebida para abastecer hasta 50 locales propios. Con la reducción de la red de sucursales, la capacidad instalada quedó muy por encima de las necesidades reales, mientras los costos fijos de estructura se mantuvieron prácticamente inalterados.

Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés, sostuvo en el expediente que esos factores "provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos". La compañía afirmó haber intentado renegociar contratos de alquiler, cambiar de proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco, pero consideró que ninguna de esas medidas logró revertir el cuadro.

La Justicia abrió un procedimiento de salvataje

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra directa y, en cambio, ordenó la apertura de un registro por el plazo de cinco días para que acreedores, cooperativas de trabajo o cualquier otro interesado puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de las cuotas sociales. La decisión se fundó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que prevé agotar la instancia del salvataje antes de avanzar sobre la declaración de quiebra cuando se cumplen los requisitos legales previstos por la norma.

Al momento de la presentación concursal, el pasivo de Pandanés se ubicaba en torno a los 1.200 millones de pesos, una cifra que incluyó deudas comerciales, fiscales y laborales. La sindicatura designada en el expediente detectó, además, que la firma no habría acreditado en tiempo y forma el pago de los aportes a la obra social, a la aseguradora de riesgos del trabajo y a los restantes conceptos de la seguridad social.

Lo que se define en los próximos días

Con el cierre de las sucursales, la incertidumbre principal pasó a estar del lado de los 150 trabajadores, que esperan la entrega de los telegramas de despido, la liquidación correspondiente y la posibilidad de recuperar sus pertenencias. En paralelo, la atención de los administradores judiciales y de los eventuales oferentes se concentra en los próximos cinco días hábiles, ya que en ese lapso se inscribirán las propuestas que podrían mantener operativa a la cadena, dar lugar al ingreso de una cooperativa de trabajadores o, en caso de que ninguna alternativa prospera, dejar el camino libre para la quiebra definitiva de Pandanés.